El crecimiento económico de México avanza, pero lo hace sin impulso. Las proyecciones de S&P Global Ratings apuntan a una expansión de poco más de 1% en 2026, tras un desempeño inferior a 1% en 2025. No es una cifra que sugiera crisis inmediata, pero sí una que obliga a mirar con atención los límites estructurales que el país arrastra desde hace años y que comienzan a pesar más en el balance fiscal y crediticio.
Durante décadas, México ha construido una reputación de estabilidad macroeconómica. Un banco central autónomo, un tipo de cambio flexible y una política monetaria considerada creíble han funcionado como anclas en momentos de turbulencia externa. Esa arquitectura sigue siendo una de las principales fortalezas que sostienen la calificación soberana del país, hoy ubicada en BBB con perspectiva estable en moneda extranjera.
Sin embargo, el informe deja claro que los riesgos más relevantes ya no vienen de fuera. El problema es interno y persistente: bajo crecimiento, inversión limitada y presión fiscal acumulada. México ha crecido poco durante demasiado tiempo. Incluso antes de la pandemia, el PIB avanzaba a un ritmo modesto y el ingreso per cápita se quedó rezagado frente a países con niveles de desarrollo similares. La integración comercial con Estados Unidos, que durante años se asumió como un motor automático de convergencia económica, no logró cerrar esa brecha; por el contrario, esta se amplió en las últimas dos décadas.
En los años recientes, el consumo ha sostenido buena parte de la actividad económica, pero la inversión privada muestra señales de agotamiento. S&P señala que la inversión en activos fijos del sector privado cayó en 2024 y probablemente vuelva a disminuir en 2025. La incertidumbre jurídica, acentuada tras la reforma judicial aprobada en 2025, aparece como un factor adicional que limita la disposición a invertir y, con ello, la productividad de la economía.
Este crecimiento frágil se refleja con mayor claridad en las finanzas públicas. Aunque el gobierno ha logrado compensar parte de la caída de los ingresos petroleros con mayores ingresos tributarios, el gasto ha crecido más rápido. Para contener los déficits, el gasto de inversión se ha reducido, mientras que el gasto social, en particular las pensiones universales ligadas a la inflación, seguirá aumentando. El resultado es una trayectoria fiscal cada vez más ajustada, donde el margen de maniobra se estrecha.
En ese contexto, Pemex ocupa un lugar central. La petrolera estatal pasó de ser una fuente relevante de ingresos para el Estado a depender de apoyos presupuestarios recurrentes. S&P detalla que la empresa recibió recursos significativos en 2025 y que el gobierno prevé destinar montos aún mayores en 2026 para cubrir compromisos financieros. Para la calificadora, la probabilidad de apoyo extraordinario sigue siendo alta, lo que convierte a Pemex en uno de los principales pasivos contingentes del soberano.
El componente institucional completa el cuadro. México mantiene una evaluación estable gracias a su historial de políticas macroeconómicas moderadas y a la continuidad democrática. No obstante, S&P advierte que la creciente centralización del poder y los cambios recientes en el sistema judicial podrían debilitar los contrapesos institucionales y afectar la confianza de los inversionistas si reducen la previsibilidad de las decisiones públicas.
El mensaje de fondo no es de alarma inmediata, sino de advertencia silenciosa. La estabilidad ya no es suficiente por sí sola. Para mejorar su perfil crediticio, México necesitaría romper el ciclo de bajo crecimiento, impulsar la inversión y fortalecer su base fiscal. De lo contrario, el riesgo no es un choque abrupto, sino algo más gradual: que el crecimiento limitado termine por erosionar la fortaleza que durante años sostuvo la confianza en la economía mexicana.