Hay leyes que nacen con fanfarria y mueren en el cajón. Hay leyes que se firman con solemnidad, que reciben aplausos de organismos internacionales, que se citan en discursos presidenciales y en titulares de diarios —y que, sin embargo, no tocan la tierra. Literalmente.
La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAAS) entró en vigor el 18 de abril de 2024. Fue aprobada de manera unánime. La ONU la celebró como la primera legislación en el mundo que regula el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, tal como lo reconoce el Artículo 4° de nuestra Constitución. México, dijeron, lideraba el camino. Estábamos en la punta de lanza.
Hoy, más de dos años después, esa ley es letra muerta.
No porque no exista. Existe: sus artículos están publicados en el Diario Oficial de la Federación. El problema es que, sin reglamento, no hay autoridad obligada, no hay mecanismos operativos, no hay presupuesto etiquetado, no hay sanciones posibles, no hay nada que aterrice en los surcos, en los mercados, en las cocinas, en los cuerpos. Como bien explica Monserratt Téllez Serrano, especialista de la organización Semillas de Vida, que ha acompañado de cerca este proceso: “no hay manera de hacer operar una ley, al menos de manera efectiva y con todo su alcance posible, si no hay un reglamento.”
Pareciera que no se afiló la punta de lanza. Nos quedamos nomás ahí con una ley.
¿Y mientras tanto, qué pasa en el campo?
Quienes producen los alimentos que México come —las mujeres y los hombres del sector primario— llevan décadas atrapados en una paradoja feroz: son quienes alimentan al país y quienes con mayor frecuencia padecen hambre. Son quienes conocen la milpa, el temporal, la semilla criolla, los ciclos de la tierra; y son quienes menos poder tienen sobre los precios, sobre los intermediarios, sobre las políticas que deciden su futuro.
La LGAAS prometía cambiar algo de eso. Habla de soberanía y autosuficiencia alimentaria —dos conceptos que llevan más de siete años en la narrativa del gobierno federal, pero que siguen sin traducirse en condiciones reales para las y los productores—. Habla de reservas estratégicas, de compras estatales que protejan al campo de la voracidad del mercado, de prácticas agrícolas sostenibles. Suena bien. Suena justo. Suena, nada más.
Porque sin reglamento, esos mandatos son intenciones. Y de intenciones no se come.
Una de las claves para entender por qué el reglamento no ha llegado está en la propia naturaleza de la ley: es profundamente transversal. No le toca a una sola secretaría. Le toca a Salud, a Agricultura, a Economía, a las instancias de participación social, a Cofepris. Abarca desde las semillas y las reservas estratégicas hasta la lactancia materna, el etiquetado de alimentos y el combate a ultraprocesados.
Téllez Serrano lo describe con precisión: “esa propia naturaleza multidimensional de la problemática alimentaria nos tiene colocados en una discusión del reglamento en donde participan también diversas secretarías.” Y ahí está el nudo. La transversalidad, que debería ser la fortaleza de la ley, se ha convertido en su principal obstáculo burocrático. Cada secretaría mira hacia otro lado. Ninguna alza la mano y dice: yo lo coordino. Dos años así, y el reglamento sigue sin aparecer.
Y no es un detalle menor el incumplimiento. El gobierno tenía 180 días —que vencieron en octubre de 2024— para publicar el reglamento. Vivimos en omisión legislativa.
La ley contempla la creación de un sistema intersectorial nacional al que se le llamaría CINSAMAC: el Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad. Es el mecanismo que integraría a todos los órganos de participación ciudadana y a todos los niveles de gobierno. Sin su instalación, la ley no puede operar. Y sin reglamento, el CINSAMAC no puede instalarse. Un círculo vicioso construido sobre la inacción.
Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil no se han cruzado de brazos. El pasado 9 de junio, más de 170 organizaciones y más de 300 personas —académicas, especialistas, activistas— firmaron y presentaron un pronunciamiento formal entregado en la Secretaría de Salud. En él se advierte el retraso, se nombra la omisión y se exige la instalación inmediata del CINSAMAC. Los puntos más urgentes que señala el pronunciamiento son reveladores de lo que está en juego: el etiquetado de organismos genéticamente modificados —para que sepamos, por ejemplo, cuándo estamos consumiendo jarabe de maíz de alta fructosa en un ultraprocesado—, y la prevención del conflicto de interés, que ha permitido que la industria de alimentos ultraprocesados siga teniendo influencia directa en las políticas públicas alimentarias del país.
También hubo una señal alentadora desde el gobierno: la nueva titular de la Secretaría de Agricultura, la ingeniera Columba López, recibió a varias organizaciones en una mesa de trabajo para escuchar su perspectiva sobre los contenidos que consideran indispensables en el reglamento. Una apertura que, aunque bienvenida, todavía no se traduce en el documento que México necesita. Sin embargo, marca un seguimiento para continuar en el camino de la construcción del reglamento de esta ley.
Desde el sector primario, la mirada sobre esta ley es ambivalente. Hay quienes la reconocen como un avance simbólico importante —y lo es. Que existiera una ley específica que desarrolle el derecho a la alimentación con enfoque integral y perspectiva de sostenibilidad ambiental y cultural es un paso que costó décadas de trabajo. La búsqueda del derecho constitucional a la alimentación tiene antecedentes desde los años 90.
Semillas de Vida trabaja en el primer eslabón de toda la cadena —la semilla— y también en el último. Esa mirada de extremo a extremo de la cadena alimentaria es exactamente lo que le falta a la política pública: entender que no se puede hablar de alimentación adecuada sin hablar de quién siembra, en qué condiciones, con qué semillas, bajo qué presión de mercado.
Téllez Serrano lo dice con una claridad que merece repetirse: “no es una decisión individual” lo que comemos. “A veces son los propios entornos alimentarios los que determinan lo que comemos, o la asequibilidad, lo económico también.” Lo que expresa es profundamente poderoso y transversal tal como deberá ser la ejecución de la LGAAS. Desde mi entendimiento el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la malnutrición no son fracasos personales. Son el resultado de un sistema alimentario que se diseñó —o se dejó diseñar— al servicio de otros intereses antes que al servicio de la población.
Lo que México necesita no es solamente una ley publicada en el DOF. Necesita un reglamento que asigne responsabilidades claras. Necesita que la soberanía alimentaria deje de ser un eslogan y se traduzca en precios justos, en acceso a mercados, en apoyos diferenciados que reconozcan la heterogeneidad del campo mexicano. Necesita que el CINSAMAC se instale. Ya.
También necesita que las organizaciones de la sociedad civil sigan haciendo lo que han hecho: presionar, documentar, proponer, pronunciarse. Que la ciudadanía que tiene alimento en la mesa —y sobre todo la que no siempre lo tiene— entienda que este no es un tema técnico ni burocrático. Es un tema de poder. De quién decide qué comemos, quién gana con eso y quién paga el precio.
Una ley sin reglamento es como una semilla sin tierra. Tiene todo el potencial del mundo. Pero mientras no se siembre, no germina nada.
El gobierno que hoy conduce el país tiene en sus manos la oportunidad de hacer de la LGAAS algo más que un logro legislativo para enmarcar. Las organizaciones ya firmaron. Ya entregaron el pronunciamiento. Ya se sentaron en la mesa. Ya hicieron su parte. Ahora le toca al Estado hacer la suya.
Las mujeres y los hombres que trabajan la tierra no pueden esperar otro retraso más. Su paciencia, como su suelo, tiene límites.
Nota: Aunque esta colaboración no es propiamente de género, mis convicciones feministas no permiten cerrar esta participación sin mencionar que: Las mujeres del campo, en particular, tienen mucho que decir aquí. Son ellas quienes cargan con la doble responsabilidad de producir y de alimentar. Son ellas quienes guardan el conocimiento de las semillas, quienes negocian con los intermediarios desde una posición de mayor vulnerabilidad. Una ley que hable de sostenibilidad alimentaria sin perspectiva de género es una ley incompleta. Y un reglamento que tarde en llegar es un reglamento que sigue dejando a las mujeres rurales en el centro del sistema, pero fuera de sus beneficios.
Está columna se elaboró considerando principalmente las siguientes fuentes:
- Entrevista a Monserrat Tellez, colaboradora del organismo Semillas de Vida, realizada y emitida para el programa Amanecer Campirano de la cadena Acustik.
- Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible consultada en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf
Sigue a Amancer Campirano: https://www.facebook.com/AmanecerCampirano01?locale=es_LA
Encuéntrame en X como: @Mafer_odi