- La ONU declaró 2026 Año Internacional de la Agricultora. Aquí, por qué esa etiqueta le queda grande al campo mexicano y, al mismo tiempo, por qué le hacía tanta falta.
Hay una imagen que se repite en cualquier pueblo del país: una mujer que sale antes del amanecer a ordeñar, a deshierbar la milpa, a cargar agua, a vender en el tianguis lo que la tierra dio esa semana. Nadie la fotografía para los reportes oficiales. Nadie la cuenta, en el sentido más literal de la palabra, como lo que es: una agricultora. Ese silencio estadístico y simbólico es exactamente lo que 2026 se propone romper.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2026 como el Año Internacional de la Agricultora, mediante una resolución aprobada en mayo de 2024 y encabezada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) junto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos. El propósito, dicho sin adornos, es poner en el centro de la política pública el papel esencial que las mujeres desempeñan en los sistemas agroalimentarios —desde la siembra hasta el comercio— y que, pese a sostener buena parte de la producción de alimentos del planeta, sigue sin traducirse en reconocimiento, en tierra propia ni en crédito.
Pese a lo anterior, las cifras globales que ha divulgado la FAO son contundentes: alrededor de una cuarta parte de la población mundial trabaja como agricultora, jornalera o empresaria dentro del sector agroalimentario. Contar con El Año Internacional de la Agricultora, no solo habla de “agricultoras” en sentido estrecho, sino de un universo mucho más amplio: productoras, campesinas, pescadoras, apicultoras, pastoras y guardianas de saberes tradicionales que durante generaciones han decidido qué se siembra, cómo se cuida y cuándo se cosecha.
La ONU tiene claro los obstáculos a los que las mujeres del sector primario se enfrentan: acceso desigual a la tierra, al agua, al crédito, a la tecnología y a la capacitación técnica, éstos no distan mucho de las necesidades y problemáticas que aquejan al sector en su generalidad, es decir, sin ponerle género las personas que trabajan el campo, sin embargo, cuando hacemos zoom a la situación y circunstancias a las que ellas, las mujeres agricultoras, se enfrentan no son detalles menores. Son, literalmente, las herramientas que determinan si una parcela produce lo suficiente para vivir o apenas para sobrevivir. Y por décadas solo han sobrevivido.
México: casi una de cada cinco unidades de producción, en manos de mujeres
Cuando bajamos esa fotografía global a la escala mexicana, los números del Censo Agropecuario 2022 del Inegi (las cifras más recientes) confirman el patrón. De los 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria del país, solo 876 mil —apenas 19 por ciento, menos de una quinta parte— estaban bajo la responsabilidad de una mujer. Y esa brecha no es solo de cantidad, también de calidad: las unidades encabezadas por mujeres tienen en promedio 8.8 hectáreas, casi seis hectáreas menos que las dirigidas por hombres, que promedian 14.7.
La desigualdad se repite en los recursos productivos. Entre las unidades a cargo de mujeres, 28.9 por ciento tenía ganado bovino, frente a 43.2 por ciento entre las de hombres. En acceso a tractor, la brecha también es clara: 37.2 por ciento de las unidades femeninas pudo usar uno, contra 41.6 por ciento de las masculinas; y cuando se trata de tener un tractor propio, la diferencia se agranda —apenas 3.4 por ciento de las mujeres frente a 8.7 por ciento de los hombres—.
En cuanto a la mano de obra total del campo mexicano, el mismo censo contabilizó cerca de 27 millones de personas trabajando en actividades agropecuarias, de las cuales alrededor de 16 por ciento eran mujeres. El dato invita a una reflexión incómoda: en el censo de 2007 esa participación femenina se había registrado en 19.7 por ciento, lo que sugiere que el avance no ha sido lineal ni garantizado. Las mujeres en cualquier terreno, pero más en el agropecuario, no podemos dar nada por sentado porque estamos a una ley de que nos quedemos nuevamente sin derechos y sin libertades (esto pensando que en el campo existe el respeto a las leyes existentes que buscan la igualdad y la garantía de los derechos y libertades).
A esas cifras se suman el acceso a la tierra, para las mujeres en México -mediante el compromiso 53 de la presidenta Claudia Sheinbaum- se establece que se trabajará en su gobierno para reconocer y otorgar derechos agrarios a más de 150 mil mujeres en todo el país, la meta se ha actualizado -a casi dos años de gobierno- y se instituyó a que fueran 250,000 documentos totales en su sexenio. En avance a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, reportó que en el año 2025 más de 27 mil mujeres rurales lograron ser titulares de sus tierras, asimismo, a mayo 2026 se han entregado 40,000 nuevos títulos agrarios, lo que quiere decir que llevan de avance del 26.8 % de la meta final del compromiso presidencial. Adicionalmente, es importante retomar el dato que arroja la Encuesta Nacional Agropecuaria del Inegi, que establece que de cada 100 personas productoras responsables de la toma de decisiones en una unidad de producción, 17 son mujeres.
¿Por qué es importante seguir de cerca el acatamiento del compromiso 53? Sencillo: Sin título de propiedad no hay garantía para un préstamo, y sin crédito no hay semilla mejorada, ni riego, ni maquinaria; de la misma manera el título de propiedad facilita el acceso a los programas sociales (aunque desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cambiaron las Reglas de Operación de los programas sociales dirigidos al campo para favorecer a las mujeres cuando no son dueñas de la tierra). Ser dueñas de la tierra les permite ser sujetas legales a muchos beneficios.
Por su parte, los pocos datos que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ofrecen sobre su política de que más mujeres sean beneficiadas con los programas sociales resulta que entre octubre de 2024 y junio de 2025, las mujeres representaron solo 27.4 por ciento de las personas productoras de maíz blanco beneficiadas y 29.6 por ciento de las de frijol, cultivos donde su participación como responsables de parcela ha ido creciendo de forma sostenida, aunque todavía lejos de la paridad, además de que son esos cultivos hacia donde se dirige la mayor parte del presupuesto de la entidad.
Por otro lado, cuando se cuantifica el trabajo de las mujeres mexicanas dedicadas al sector primario suelen tener presencia en la agricultura de autoconsumo y de traspatio —hortalizas, aves de corral, huertos familiares— y en cultivos básicos como el maíz y el frijol, columna vertebral de la dieta y la economía campesina. ¿Dónde están las mujeres en la agricultura de gran escala? ¿No hay? ¿Se nos permite llegar? ¿Tenemos acceso a créditos y financiamientos de igual manera que los hombres?
Finalmente, declarar un año internacional no siembra una sola hectárea ni abre una sola línea de crédito por sí mismo. Pero sí hace algo que no debe subestimarse: obliga a los gobiernos, a las instituciones financieras y a los medios —este espacio incluido— a preguntarse por qué la mujer que sostiene la milpa familiar sigue apareciendo, estadística y socialmente, como una excepción y no como la regla que en realidad es.
2026 debería ser el año en que dejemos de hablar de las agricultoras como una categoría entrañable y empecemos a tratarlas como lo que son: la mitad de la fuerza que decide qué comemos. Nombrarlas es apenas el primer surco. Falta, todavía, sembrar la igualdad.
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