Hay una geografía en México que se ha vuelto sinónimo de urgencia: la Montaña de Guerrero. Sus nombres —Atlixtac, Olinalá, Chilapa de Álvarez, Zapotitlán Tablas— aparecen en las noticias casi siempre por la misma razón: desplazamiento forzado, violencia armada, comunidades enteras que huyen de sus tierras. Por eso, cuando el gobierno federal anuncia un plan para “reactivar el campo” en esa región, la primera pregunta que debemos hacernos no es si el plan suena bien en el boletín de prensa, sino si de verdad puede llegar hasta la milpa, hasta la mano que siembra, hasta la familia que decide si vale la pena quedarse o irse.
Ayer, 25 de agosto de 2026, en la comunidad de Teticic, la ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), presentó los componentes agropecuarios del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, una estrategia interinstitucional —participan diecinueve dependencias federales y decenas de instancias estatales— que atiende a diecinueve comunidades de esos cuatro municipios, donde viven más de dieciséis mil personas. Se sabe que el plan nació el 13 de mayo por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum, después de que el desplazamiento por violencia vació poblados enteros. Su lógica es clara: no puede haber paz sostenible sin bienestar, y no puede haber bienestar en la Montaña sin campo que produzca.
Vale reconocer, primero, lo que el plan tiene de acierto. La incorporación de la totalidad de los campesinos y campesinas de las diecinueve localidades al programa Sembrando Vida es una promesa de cobertura universal en una zona donde, históricamente, los apoyos federales han llegado de forma parcial, discrecional o simplemente no han llegado. La entrega mensual de maíz y frijol durante quince meses busca resolver el problema más inmediato: la seguridad alimentaria de familias que, en muchos casos, no cosechan lo suficiente ni siquiera para su propio consumo. Y el anuncio de construir jagüeyes para captar y almacenar agua de lluvia atiende una de las causas estructurales del atraso agrícola en la región: la dependencia total del temporal en tierras de ladera, con suelos pobres y una sequía que, según productores locales, ya redujo drásticamente los cultivos de chile criollo y otros productos emblemáticos de la Montaña.
También es positivo el planteamiento de las Comunidades de Aprendizaje Campesino, pensadas para organizar a las y los productores no solo en la fase de siembra, sino en la transformación y comercialización de lo que cultivan. Si algo ha demostrado la experiencia de Sembrando Vida y otros programas similares en el sureste del país es que sembrar sin mercado termina en abandono: los árboles frutales o las parcelas reforestadas que no tienen adónde venderse dejan de cuidarse. Que la SADER incorpore, aunque sea como enunciado, la idea de organización productiva y comercialización, es un paso conceptual necesario y, hasta ahora, poco común en los programas de corte asistencial del campo mexicano.
Dicho lo anterior, tengo la responsabilidad ética de mirar también las sombras, y en este caso son varias. La más evidente es la brecha entre el anuncio y la ejecución. El propio Sembrando Vida, el programa insignia en el que se apoya buena parte de esta nueva estrategia, arrastra en Guerrero un historial reciente de bajas masivas (enero 2025): el periódico La Jornada* difundió el testimonio de un facilitador del programa Sembrando Vida donde expone la salida de más de doce mil productores del programa en el estado, con una pérdida estimada superior a los novecientos millones de pesos anuales para la economía rural guerrerense, ya sea por recorte de padrones, por pérdida de tierras, por migración o porque los apoyos resultaron insuficientes para familias numerosas, precisamente el perfil predominante en la Montaña. Prometer la incorporación al cien por ciento de las y los campesinos de las diecinueve comunidades es una meta loable, pero se anuncia sobre un programa que, en el mismo estado y un año atrás, ha mostrado más salidas que permanencias. El plan no explica, al menos en lo presentado públicamente, cómo evitará repetir ese patrón.
Un segundo punto crítico es el de la escala frente a la magnitud del problema. Diecinueve comunidades y dieciséis mil habitantes son una fracción de la Montaña de Guerrero, una región que agrupa a decenas de municipios y a cientos de miles de personas, en su mayoría indígenas náhuatl, mixtecas y tlapanecas, con algunos de los índices de marginación más altos del país. Concentrar el plan en los municipios donde el desplazamiento fue más visible mediáticamente es comprensible como respuesta de emergencia, pero también corre el riesgo de convertirse en una intervención de vitrina: bien documentada, bien fotografiada, útil para el informe de gobierno, pero insuficiente si no se replica y sostiene en el resto de la región. La pregunta pendiente es si existe una ruta de expansión con presupuesto etiquetado, o si el plan se agotará en las diecinueve comunidades que hoy concentran la atención de cámaras y funcionarios.
Un tercer punto, más técnico pero no menor, tiene que ver con los jagüeyes y la infraestructura hídrica. Construir estos reservorios es una medida acertada frente a la sequía, pero su utilidad real depende de los siguientes factores: mantenimiento, capacitación para su uso agrícola y no solo pecuario, y protección contra la evaporación y el azolve, que en climas cálidos como el de la Montaña Baja puede reducir su vida útil en pocos años si no hay acompañamiento técnico continuo. La experiencia de obras similares en otras regiones del país enseña que la construcción es la parte fácil; la parte difícil, y la que decide si la inversión sirvió de algo, es la operación de mediano plazo. El plan presentado no detalla, hasta ahora, quién dará ese seguimiento ni con qué presupuesto se sostendrá más allá del primer año.
Finalmente, está el factor que atraviesa todo lo demás: la seguridad. El propio gobierno reconoce que la presencia del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal es condición para que cualquier programa productivo pueda operar en la zona. Eso significa que el éxito del componente agrícola no depende solo de la SADER, sino de que la estrategia de pacificación se sostenga en el tiempo. Si la presencia de seguridad se relaja o los grupos armados que originaron el desplazamiento recomponen su control territorial, ni el maíz entregado ni los jagüeyes construidos servirán de mucho. Es, en ese sentido, un plan cuya viabilidad agropecuaria está subordinada a una variable que la Secretaría de Agricultura no controla.
¿Es entonces útil este plan para las y los productores de la Montaña? La respuesta honesta es que sí, pero de manera parcial y condicionada. Es útil como paliativo inmediato para dieciséis mil personas que llevan meses en condiciones de emergencia, y en ese sentido cada tonelada de maíz y frijol entregada tiene un valor humano innegable. Es útil también como intento, todavía por probarse, de vincular la asistencia alimentaria con infraestructura productiva de mediano plazo, algo que otros programas del campo no siempre lograron. Pero su utilidad real para el conjunto de la Montaña de Guerrero —no solo para las diecinueve comunidades piloto— dependerá de tres cosas que hoy no están garantizadas: que el padrón de Sembrando Vida no repita la salida masiva de beneficiarios que ya vivió el estado, que exista una ruta de expansión y financiamiento más allá del primer año, y que la pacificación de la región se sostenga lo suficiente para que sembrar en la Montaña vuelva a ser una decisión de futuro y no un acto de resistencia.
Conviene detenerse, además, en el tipo de agricultura que predomina en la Montaña, porque de eso depende si las herramientas anunciadas encajan con la realidad de quien las va a usar. Se trata, en su inmensa mayoría, de una agricultura de autoconsumo, practicada en parcelas pequeñas y fragmentadas, en laderas con pendientes pronunciadas, por comunidades náhuatl, mixtecas y tlapanecas que combinan el maíz y el frijol con migración temporal como estrategia de sobrevivencia. No es el mismo campo que el de los valles agroexportadores del Bajío o de Sinaloa, y por lo tanto no puede evaluarse con los mismos indicadores de productividad o rentabilidad. Un plan pensado para esta Montaña tendría (sugiero) que medirse por su capacidad de arraigo —cuántas familias deciden no migrar, cuántas parcelas dejan de abandonarse— más que por toneladas cosechadas o hectáreas certificadas. Hasta ahora, los anuncios oficiales hablan más del segundo tipo de indicador que del primero, lo cual sugiere que el diseño de evaluación del plan todavía no termina de adaptarse a la naturaleza social de la región que pretende atender.
Tampoco puede pasarse por alto la dimensión de género que el propio discurso oficial reivindica. Que sea una mujer, y una ingeniera agrónoma con trayectoria en agroecología, quien encabece por primera vez la política agrícola nacional, tiene un valor simbólico que la Montaña —donde las mujeres cargan buena parte del trabajo campesino no remunerado mientras los hombres migran— puede capitalizar si el plan efectivamente dirige recursos y toma de decisiones hacia las productoras, y no solo hacia los padrones encabezados por varones, como ha ocurrido históricamente en programas de titularidad agraria. El plan menciona atención a mujeres entre sus componentes, pero será la letra fina de las reglas de operación, no el boletín de prensa, la que determine si esa mención se traduce en tierra, crédito o capacitación a nombre de ellas.
La ingeniera Columba López ha optado por presentar el plan desde el terreno, en Teticic, rodeada de autoridades estatales y municipales, lo cual habla de una intención de cercanía que se agradece después de años de anuncios hechos desde escritorios en la Ciudad de México. Pero el campo mexicano, y en particular el de la Montaña, ha escuchado promesas de reactivación durante décadas. Lo que hará la diferencia esta vez no será el discurso de la presentación, sino la persistencia del presupuesto, la solidez de la organización campesina que se logre construir y la honestidad con la que, en un año, se informe cuántas familias siguieron sembrando y cuántas, a pesar de todo, tuvieron que volver a irse.
* Sembrando Vida-Guerrero despedirá a 7 mil 128 trabajadores, Sergio Ocampo Arista, Periódico La Jornada. Martes 14 de enero de 2025. Consultar aquí: https://www.jornada.com.mx/2025/01/14/estados/026n2est
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