Cada 29 de septiembre, México se detiene —al menos en el discurso— a celebrar al maíz. Se conmemora el Día Nacional del Maíz, una fecha que nació en 2009 al calor del movimiento social «Sin Maíz No Hay País» y que se formalizó como conmemoración oficial hasta 2019. La coincidencia no es menor: el 29 de septiembre es también la fiesta de San Miguel Arcángel, protector tradicional de la milpa, y marca el arranque de la cosecha de los primeros elotes en buena parte del territorio, siempre y cuando hayamos tenido buen clima, buenas aguas y los retos que hoy enfrenta la agricultura mexicana.
Hay ceremonia, hay discurso oficial, hay fotografías de mazorcas multicolores en las redes de las dependencias agropecuarias. Lo que hace falta, año tras año, es que la celebración se traduzca en política pública sostenida para quienes siembran ese grano del que come todo un país.
Porque el maíz en México no es folclor: es la base calórica de la dieta nacional. Cada persona consume, en promedio, medio kilo de maíz al día, lo que representa cerca de la mitad de su ingesta calórica y alrededor del 40 por ciento de la proteína que consume*. No hay otro cultivo con ese peso simbólico y nutricional en el país que es, además, su centro de origen y de diversificación genética. Como bien decía el investigador estadounidense Edgar Anderson desde 1946: «hay más tipos de maíz en una sola localidad de México que en todos los Estados Unidos». Esa frase, con más de setenta años de antigüedad, sigue siendo exacta.
Una producción que crece en toneladas, pero no en soberanía
Los números, vistos de manera aislada, podrían leerse como una historia de éxito. México cosecha alrededor de 22 a 27 millones de toneladas de maíz grano al año, según el ciclo y las condiciones climáticas, lo que lo ubica entre los seis principales productores del mundo. Sinaloa, Jalisco y Michoacán concentran buena parte de esa producción, con Sinaloa liderando gracias a su agricultura de riego y alta mecanización en el ciclo otoño-invierno, mientras que el sur y el centro del país —Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz— siguen dependiendo casi por completo del temporal y sostienen, precisamente ahí, la mayor diversidad genética del cultivo.
El problema no es cuánto sembramos, sino qué sembramos y para quién alcanza. El maíz blanco, destinado al consumo humano directo —la tortilla, la base de nuestra mesa—, se produce mayoritariamente en México. Pero el maíz amarillo, usado para alimento animal y para la industria del almidón, el aceite y los jarabes, depende en una proporción altísima de las importaciones estadounidenses. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha proyectado que México romperá récords de importación de maíz en 2026 y 2027, empujado por el encarecimiento de fertilizantes e insumos: en meses recientes el precio de la urea aumentó más de 40 por ciento respecto al año anterior. En estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, una parte de los productores ha optado por sembrar sorgo en lugar de maíz simplemente porque resulta más barato producirlo. Ese es el verdadero termómetro de la soberanía alimentaria: no la cifra total de toneladas cosechadas, sino la capacidad de los productores de seguir sembrando sin perder dinero en cada ciclo.
El maíz transgénico: una batalla que México perdió en los tribunales comerciales
No se puede hablar del maíz en 2026 sin hablar de la disputa que ha marcado la política agrícola de los últimos años: el intento del Estado mexicano por frenar el ingreso del maíz genéticamente modificado destinado al consumo humano y por restringir el uso del glifosato. El decreto publicado en febrero de 2023 buscaba proteger a los más de 60 razas nativas de maíz que México resguarda como centro de origen del cultivo, apelando al principio precautorio y a la protección de la biodiversidad. Estados Unidos impugnó la medida ante el mecanismo de solución de controversias del T-MEC, argumentando que carecía de sustento científico suficiente.
En diciembre de 2024, el panel trilateral falló en contra de México: determinó que las disposiciones del decreto no estaban respaldadas por una evaluación de riesgo adecuada ni por evidencia científica y normas internacionales pertinentes. El gobierno mexicano, para evitar represalias comerciales, publicó en febrero de 2025 el acuerdo que dejó sin efecto los artículos centrales de aquel decreto. La respuesta política no tardó: la Presidencia envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 4° y 27 para declarar al maíz nativo elemento de identidad nacional y blindar jurídicamente su protección, aunque por otra vía, ya no comercial sino simbólica y de fomento interno.
Aquí conviene ser francas: perder el panel no significa que las preocupaciones detrás del decreto hayan sido infundadas. Organizaciones campesinas, científicas y ambientalistas han señalado, con razón, que el fallo refleja el peso del agronegocio en las reglas del comercio internacional más que una evaluación equilibrada de riesgos. Pero tampoco sirve de nada quedarnos en la indignación: el resultado concreto es que México sigue expuesto a presiones para abrir la puerta al maíz transgénico, y que la protección real de las razas nativas dependerá, de ahora en adelante, de leyes internas —como la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, vigente desde 2020— y no de barreras comerciales que Washington puede tumbar en un panel.
Las razas nativas, un patrimonio que se cultiva o se pierde
México resguarda alrededor de 60 razas de maíz nativo, agrupadas en complejos regionales que van del maíz reventador y las palomeras del centro, a los maíces de las razas Tuxpeño, Bolita, Tehua, Zapalote, Chalqueño, Elotes Cónicos o Bofo, por mencionar solo algunos ejemplos de una lista larguísima. En la Península de Yucatán, por citar un caso, el sistema tradicional de la milpa —maíz asociado con frijol y calabaza— todavía clasifica el grano en cuatro colores con nombres en maya: sak nal (blanco), k’an nal (amarillo), chac chob (rojo) y ek ju’ub (negro), una taxonomía que encierra siglos de selección campesina y de relación cultural con la tierra.
Ese acervo genético no es un adorno de museo: es la reserva de la que dependerá, eventualmente, la capacidad del cultivo para adaptarse a plagas, sequías o nuevas enfermedades. Y sin embargo, la propia Secretaría de Medio Ambiente ha reconocido en materiales educativos oficiales que el proceso de cultivo y producción de maíz nativo se encuentra en riesgo. La razón es sencilla y dolorosa: sembrar maíz criollo, en la mayoría de los casos, deja menos ganancia económica que sembrar híbridos comerciales, y las y los campesinos que lo siguen haciendo lo hacen, en buena medida, por identidad, autoconsumo y arraigo, no porque el mercado se los recompense. Cuando esa generación de guardianes del maíz nativo deje de sembrar, no habrá banco de germoplasma que reponga lo que se perdió en la milpa.
Los retos de producir maíz hoy: clima, costos y tierra fragmentada
Preguntarle a cualquier productor o productora de temporal por sus retos actuales es escuchar casi siempre la misma lista. Primero, el clima: la irregularidad de las lluvias ha provocado caídas severas en la cosecha, como ocurrió en 2023 en varias regiones de Puebla, donde la sequía redujo hasta 40 por ciento la producción. Segundo, el costo de los insumos: semillas y fertilizantes se han encarecido alrededor de 46 por ciento desde 2022, mientras los precios internacionales del grano han caído entre 30 y 40 por ciento en el mismo periodo, una tijera que golpea directamente el margen del productor. Tercero, la tenencia de la tierra: buena parte del campo mexicano sigue organizado en parcelas pequeñas, muchas veces rentadas o trabajadas «en sociedad», sin papeles formales que acrediten la posesión, lo que deja fuera a estos productores de los programas de apoyo que exigen comprobar propiedad.
El resultado, documentado ya en distintas regiones productoras, es desalentador: hay terrenos que permanecen sin cosechar durante semanas mientras los agricultores calculan si conviene vender al gobierno —con trámites y tiempos de espera— o aceptar de inmediato a los intermediarios, que pagan menos pero liquidan en efectivo. Productores del centro del país estiman que el costo de producción ronda los 6 mil 500 pesos por tonelada, cifra que en varios ciclos ha superado al precio efectivamente pagado, lo que equivale, en los hechos, a trabajar casi un año completo sin margen de ganancia real.
¿Y los apoyos del gobierno federal? Entre el alivio y el paliativo
El Estado mexicano no ha estado ausente. Desde 2019 opera el programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que compra maíz, frijol, trigo, arroz y leche a un precio superior al de mercado, buscando corregir una falla real: la oferta concentrada en pocos meses del año frente a una demanda oligopsónica**, dominada por pocos compradores que presionan el precio a la baja; aunado a que ha existido un sinfín de fallas en los pagos a las y los productores de este programa ya que su operación estuvo a cargo de la extinta paraestatal Segalmex ahora convertida en Alimentación para el Bienestar. A la par existe Producción para el Bienestar, que entrega apoyos económicos directos y, desde hace un par de años, fertilizante gratuito a través de Fertilizantes para el Bienestar, además de acompañamiento técnico para impulsar prácticas agroecológicas.
¿Han servido? La evidencia académica es más matizada que el discurso oficial y más generosa que la crítica opositora. Un estudio publicado en la revista Agricultura, Sociedad y Desarrollo (Colpos)***, que aplicó el método de diferencias en diferencias para comparar beneficiarios y no beneficiarios entre 2018 y 2020, encontró que la superficie sembrada de maíz cayó en todo el país durante ese periodo, pero que el programa ayudó a amortiguar esa caída entre sus beneficiarios y a mejorar sus ingresos. La misma investigación advierte, sin embargo, que es poco probable que el esquema por sí solo logre autosuficiencia alimentaria, porque limita el apoyo por superficie y excluye a medianos y grandes productores, que en conjunto aportan una parte sustancial de la cosecha nacional.
Ahí radica la crítica más consistente al diseño del programa: solamente contempla a productores con hasta cinco hectáreas, dejando fuera a un segmento que, aunque numéricamente menor, produce un volumen considerable de grano. Especialistas del sector han señalado además una distribución geográfica desigual: en el ciclo más reciente, la compra de maíz mediano prácticamente se concentró en Sinaloa y Tamaulipas, dejando sin este mecanismo a productores del centro y del norte del país. A ello se suma un problema de acceso: los requisitos documentales para inscribirse en los centros de acopio resultan, en la práctica, difíciles de cumplir para quienes rentan tierra o siembran en sociedad, que es una realidad extendida en el campo mexicano.
Con todo, sería injusto decir que los apoyos no sirven de nada. Los pequeños y medianos productores concentran hasta el 91 por ciento de la superficie sembrada y aportan alrededor del 75 por ciento de la producción nacional de maíz, de manera que cualquier programa dirigido a ese segmento tiene, en principio, potencial de impacto amplio. El propio presupuesto del programa de Precios de Garantía, de 12 mil 500 millones de pesos en 2025, y la reciente reforma aprobada por la Cámara de Diputados para elevar a rango de ley la obligación del Estado de promover estos esquemas, muestran una intención de darle permanencia institucional más allá de un sexenio. La discusión pendiente no es si debe haber apoyo público al campo —eso ya no debería estar a debate— sino si el diseño actual llega a quien más lo necesita y si el monto compensa un costo de producción que sigue subiendo más rápido que el precio de garantía.
Celebrar el maíz es, sobre todo, sostener a quien lo siembra
El Día Nacional del Maíz debería ser más que una fecha en el calendario de comunicación social de las dependencias. Detrás de cada mazorca fotografiada para una publicación institucional hay una familia campesina calculando si le conviene sembrar o cambiar de cultivo, hay una raza nativa que puede desaparecer si nadie vuelve a sembrarla el próximo ciclo, y hay un país entero cuya soberanía alimentaria depende de decisiones que se toman muy lejos de la milpa: en paneles comerciales, en el precio internacional de la urea, en el diseño de una regla de elegibilidad para un programa social.
Vale la pena repetir la frase de Anderson, pero completarla con una advertencia: la diversidad que hace único al maíz mexicano no se protege con discursos el 29 de septiembre; se protege sembrando, pagando un precio justo y reconociendo que la milpa que alimenta a México necesita política pública todos los días del año, no solo el día en que decidimos celebrarla.
*Dato obtenido de: Día Nacional del Maíz. septiembre 27, 2025. https://unamglobal.unam.mx/global_revista/dia-nacional-del-maiz/
*** Definición de oligopsonio: m. Econ. Situación comercial en que es muy reducido el número de compradores de determinado producto o servicio.
*** Revista que puedes consultar aquí: https://revista-asyd.org/index.php/asyd/es
Los datos de producción del maíz salen de la interpretación de los reportes de Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (https://www.gob.mx/agricultura%7Cdgsiap)
Sígueme por X como: @Mafer_odi