El sector agroalimentario tiene, por primera vez en 25 años, una ventana real de acceso al mercado europeo. La llegada de Esteban Moctezuma a la embajada en Bruselas plantea la pregunta de si esa ventana se traducirá en beneficios concretos para el campo.
El pasado 22 de mayo, en el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el Acuerdo Global Modernizado (AGM) y su complemento de aplicación anticipada, el Acuerdo Comercial Interino (ACI). El 8 de julio, el Parlamento Europeo dio el aval definitivo por parte del bloque comunitario, con una votación ampliamente favorable. Falta ahora que el Senado mexicano complete su propio proceso de ratificación para que el nuevo marco entre en vigor. Se trata de la actualización más profunda de la relación entre México y la Unión Europea desde que se firmó el tratado original hace un cuarto de siglo, y el sector agroalimentario es, sin duda, uno de los grandes protagonistas de esta renegociación.
Lo que cambia para el campo mexicano
Durante 25 años, la liberalización agrícola del acuerdo original quedó incompleta, y eso dejó a buena parte de los productores mexicanos en desventaja frente a sus contrapartes europeas. El AGM busca corregir esa asimetría: el nuevo texto elimina aranceles para una proporción muy amplia del comercio agroalimentario entre ambas regiones —las cifras que han circulado en el debate público van del 83 al 86 por ciento de los productos, dependiendo de la fuente y de si se habla de bienes agrícolas en sentido estricto o de todo el capítulo agroalimentario—. Productos como el café en grano, la papa fresca, el durazno, el azúcar, el plátano y los lácteos figuran entre los que ganan acceso libre de arancel en ambos sentidos.
Un elemento especialmente relevante para el campo es la protección recíproca de 568 indicaciones geográficas (mejor conocidas como Denominación de origen): desde el champán, el jamón de Parma o el queso parmesano por el lado europeo, hasta el mango ataulfo, la vainilla de Papantla o el tequila por el lado mexicano. Esto no es un detalle menor. Para productores que durante años han visto cómo el nombre de sus productos se diluye en imitaciones comerciales, contar con protección legal en un mercado de 450 millones de consumidores abre la puerta a construir marca, identidad y, sobre todo, mejores precios.
Los retos que no hay que minimizar
Pero abrir la puerta no garantiza que el campo mexicano entre por ella en condiciones favorables. El acuerdo también reduce aranceles mexicanos sobre productos europeos como el queso o la carne de cerdo, que hoy llegan a tener protecciones de hasta 45 por ciento. Eso significa que sectores como la ganadería porcina y la producción lechera nacional enfrentarán una competencia más intensa en su propio mercado, justo en un momento en que muchos productores pequeños y medianos todavía no cuentan con la escala ni la certificación sanitaria necesarias para competir de tú a tú.
A esto se suma un reto estructural: aprovechar el acceso preferencial no depende solo de que bajen los aranceles, sino de que los productores mexicanos —particularmente los de pequeña y mediana escala— puedan cumplir con los estándares sanitarios, fitosanitarios y de sostenibilidad que exige la Unión Europea, así como con los requisitos de trazabilidad y empaque. Sin acompañamiento técnico, sin financiamiento accesible y sin una estrategia de exportación bien armada, el riesgo es que los beneficios del AGM terminen concentrados en las agroexportadoras que ya tenían capacidad de llegar a Europa, dejando fuera al productor de traspatio o de agricultura familiar que constituye buena parte del tejido rural mexicano.
Cabe preguntarnos cómo se está preparando la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel Federal, así como otras dependencias que por la trasversalidad del propio acuerdo vale la pena que se preste atención en el capítulo. Es muy importante y habrá que hacerle espacio entre los muchos pendientes que se tienen por resolver en el sector para poder proteger a nuestro mercado al mismo tiempo que armar a las y los productores con capacidades de exportar a la Unión Europea, de tal manera que sí exista para el sector agroalimentario mexicano un real beneficio.
El papel del embajador
Bajo este contexto que narro, llegó Esteban Moctezuma Barragán a la embajada de México ante la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo, tras ser ratificado por el Congreso a inicios de julio. Con un currículo y trayectoria amplia en el servicio público, su primera encomienda explícita, según la propia Cancillería, es coordinar la ratificación del AGM con las representaciones mexicanas en los 27 países miembros y construir, en sus propias palabras, una sola narrativa, una sola visión y un solo propósito para el llamado Equipo México en Europa.
Lo interesante para el sector agroalimentario es que Moctezuma ha sido explícito sobre el segundo pilar de su plan de trabajo: traducir el acuerdo en inversión y empleo mediante seminarios sectoriales, misiones comerciales y ferias que expliquen a los exportadores mexicanos cómo operar en un mercado con reglas más complejas, pero también con mayores oportunidades. Esa es, precisamente, la pieza que el campo necesita: no solo un tratado firmado, sino acompañamiento institucional que ayude a los productores a entender certificaciones, ventanas arancelarias y requisitos de denominación de origen. Su experiencia reciente negociando con Washington en un entorno de revisión permanente del T-MEC también le da una lectura clara de por qué diversificar mercados —y no depender de un solo socio comercial— se ha vuelto una prioridad estratégica para México.
Una oportunidad que exige política pública, no solo diplomacia
El AGM y el ACI representan, sin exagerar, la oportunidad comercial más importante para el agro mexicano en una generación: acceso preferencial a un mercado enorme, protección de identidad para productos emblemáticos y una vía de diversificación frente a la incertidumbre que hoy rodea al T-MEC. Pero la experiencia de otros tratados comerciales mexicanos enseña que la firma del acuerdo es apenas el primer paso. Lo que determinará si el campo gana o pierde con esta modernización será la capacidad del gobierno —desde la Secretaría de Agricultura hasta la embajada en Bruselas— para poner del lado de los productores medianos y pequeños las herramientas que hoy solo tienen las grandes agroexportadoras: financiamiento, asistencia técnica, certificación sanitaria y, sobre todo, información oportuna sobre cómo entrar a un mercado que, por fin, después de 25 años, les abre la puerta de par en par.
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