El 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum rindió su Segundo Informe de Gobierno y como es debido dedicó un capítulo al campo mexicano, presentado como continuidad de la “soberanía alimentaria” prometida en el Plan México. Habló de acuerdos históricos, de récords en frijol y de millones de productores atendidos.
En el segundo informe de gobierno de la actual administración, cuando se hace referencia al campo, se muestra el siguiente inventario de resultados:
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- 1.89 millones de beneficiarios de Producción para el Bienestar, el apoyo económico directo a pequeños y medianos productores.
- 2.157 millones de productores reciben fertilizantes gratuitos a través de Fertilizantes para el Bienestar.
- El Maíz es la Raíz organiza a 600 mil campesinos en grupos de productores para mejorar semillas nativas mediante métodos tradicionales.
- Un “acuerdo histórico” entre productores de semillas e insumos, agricultores y compradores para ordenar la comercialización del maíz blanco, con el objetivo declarado de garantizar una ganancia justa a pequeños y medianos productores y estabilizar el precio de la tortilla.
- Producción de maíz de 25.41 millones de toneladas, un millón de toneladas más que en el ciclo anterior.
- Producción de frijol de 1.36 millones de toneladas, cifra que la administración califica de récord histórico, superior en 60 mil toneladas a la meta del Plan México y 300 mil toneladas más que el año previo; con ella, el gobierno afirma haber alcanzado la autosuficiencia alimentaria en ese grano.
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- Producción de leche de 14 mil 400 millones de litros, 900 millones más que el año anterior, con acceso a precios accesibles para 7 millones de familias.
- 445 mil sembradoras y sembradores atendidos por Sembrando Vida.
- Continuidad —y anuncio de ampliación, con un esquema de diferencial respecto al precio internacional— del precio de garantía al frijol.
- Mantenimiento de la prohibición de siembra de maíz transgénico en territorio nacional.
- Mejoramiento de semilla de frijol en coordinación con productores de Zacatecas e instalación de infraestructura de acopio y embolsado.
- 13 millones de personas beneficiadas en conjunto por los Programas para el Bienestar del campo, lo que el gobierno traduce en que dos de cada tres personas ganaderas, pescadoras y campesinas reciben algún apoyo, con un presupuesto de 107 mil millones de pesos.
Dentro del capítulo del campo, -y escribiendo concretamente del informe presentado por la Presidenta en Palacio Nacional- también se le dedicó una mención al sector pesquero y acuícola. Informó:
- A través de Bienpesca se apoya a cerca de 200 mil pescadoras, pescadores, acuacultoras y acuacultoras de pequeña escala, cifra que representa apenas un ligero incremento frente a los 192 mil beneficiarios reportados en 2025.
- El apoyo económico anual del programa Bienpesca pasó de 7 mil 500 a 8 mil pesos por derechohabiente, entregado de forma directa mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar
- 25 mil productores y pescadores accedieron al Sistema de Créditos para el Campo a través del programa Cosechando Soberanía.
Es un inventario amplio y, en varios rubros, con avances concretos que esta columna no minimiza. El problema aparece cuando se revisa cada cifra por separado y se le pone al lado la del año de referencia o bien se amplia la visión al entorno rural y no solo al sector productivo.
El dato que el Informe presentó —Producción para el Bienestar— es, en realidad, el que muestra un retroceso. En 2024, bajo la administración de López Obrador, el propio gobierno federal reportó en su último informe (2024) que el programa apoyó a más de dos millones de productores, con una inversión que en ese entonces rondaba los 745 mil millones de pesos para el conjunto de programas del bienestar. Dos años después, Sheinbaum reportó 1.89 millones de beneficiarios, y la propia Secretaría de Agricultura, en la presentación detallada hecha en Zacatecas, ubicó la cifra en 1.8 millones. Se trata de entre 100 mil y 200 mil productores menos que en el último ejercicio de López Obrador, es decir, una contracción del padrón en el programa insignia de apoyo directo al campo, presentada en el Informe sin ninguna mención a esa caída ni explicación sobre a quiénes dejó fuera.
A diferencia de Producción para el Bienestar, el padrón de Fertilizantes para el Bienestar sí creció: de una meta de dos millones de beneficiarios anunciada por la administración anterior en 2024 a los 2.157 millones que reportó Sheinbaum. Pero vale preguntarse qué hay detrás del programa además de la entrega física del insumo. De acuerdo con la descripción oficial de Programas para el Bienestar, el esquema se plantea también como vehículo de capacitación, asistencia técnica, mejoramiento de prácticas agrícolas sustentables y conservación de recursos naturales, y la Secretaría de Agricultura ha realizado jornadas de análisis de suelo bajo el nombre Agrocapacítate en distintas regiones del país. El problema es que ese componente formativo no tiene una cifra propia en el Informe: no se sabe cuántos de los 2.157 millones de derechohabientes recibieron alguna capacitación o asistencia técnica más allá de la bolsa de fertilizante, ni con qué frecuencia operan esas jornadas. Mientras la entrega del insumo se documenta con toneladas y padrones exactos, el acompañamiento técnico que se presume como valor agregado del programa permanece como una promesa sin medición pública, porque hasta donde se sabe ya tampoco existen los seminarios de capacitación que acompañaban a este programa en los años 2023 y 2024.
Asimismo, aunque el programa Bienpesca ha tenido una ampliación del apoyo entregado (más recurso económico) y que se mencionan las acciones de capacitación en buenas prácticas de manejo, seguridad laboral y comercialización, no basta porque en materia de pesca y acucultura la brecha de rezago es aún más grande y de fondo que en la agricultura y ganadería del país. Es importante también hacer notar que el Informe no ofreció cifras sobre volúmenes de captura o producción acuícola nacional, lo que deja sin respuesta si el aumento del padrón y del monto del apoyo se ha traducido en un crecimiento real de la producción pesquera del país. Aquí un llamado a la CONAPESCA que es la encargada de dar a conocer estas cifras porque rara vez están actualizadas.
Nada de la arquitectura que se presenta en el segundo Informe de gobierno -en cuanto a campo se refiere- es nueva. En su sexto y último informe, López Obrador habló de una “redefinición de la política para el campo mexicano” sustentada en apoyos directos sin intermediarios a pequeños y medianos productores, precios de garantía y fertilizantes gratuitos. Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, Sembrando Vida, Bienpesca y los propios precios de garantía al maíz, al frijol y a la leche son programas diseñados y arrancados durante el sexenio anterior. No se ha sustituido ese modelo: se ha administrado y, en algunos rubros, ampliado ligeramente sus metas. Es simple continuidad de un esquema heredado, sin una evaluación pública de qué funcionó y qué debió corregirse.
El propio Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, dependiente de la Secretaría de Agricultura, documentó que en el ciclo 2024-2025 la oferta de maíz blanco cayó a 22.5 millones de toneladas, el nivel más bajo en doce años agrícolas, mientras las importaciones de ese grano crecieron 287 por ciento respecto al ciclo previo. En maíz amarillo, del que depende buena parte de la ganadería nacional, la producción se ubicó en 2.8 millones de toneladas —una caída interanual de 7.1 por ciento— y el país sigue siendo “altamente deficitario”, con importaciones que en la última década han cubierto en promedio el 71 por ciento de la oferta total. Hacia noviembre de 2025, la autosuficiencia en granos y oleaginosas se ubicó apenas en 44.1 por ciento del consumo nacional, lo que convierte a México en el segundo mayor importador mundial de esos productos y en el principal comprador global de maíz.
Ese es el fondo estructural sobre el que se presume un récord histórico de frijol y un aumento puntual de maíz. Un incremento real en un cultivo no revierte una dependencia que se ha profundizado en el resto del sistema agroalimentario. Hablar de soberanía alimentaria mientras la oferta de maíz blanco toca su piso más bajo en más de una década y el maíz amarillo se importa en volúmenes históricos no es un matiz menor.
La propia Presidenta lo admitió, aunque de paso, durante su gira por Zacatecas: reconoció que todavía falta camino para hacer justicia social a los productores del campo. Esa frase, dicha fuera del boato del Informe, retrata mejor la realidad que las cifras leídas en Palacio Nacional. Ni en los informes de AMLO ni en éste han incorporado una mirada diferenciada sobre quiénes sostienen materialmente la producción de alimentos: las mujeres campesinas, jornaleras e indígenas que trabajan la tierra sin títulos de propiedad, sin crédito propio y, con frecuencia, sin ser contempladas como titulares de los programas que llevan su nombre a la estadística oficial de “productores”. Un gobierno que se asume feminista no puede seguir hablando de soberanía alimentaria sin nombrar a quienes, en los surcos, sostienen buena parte de esa producción sin reconocimiento ni acceso equitativo a la tierra.
No busco minimizar los datos positivos —el precio justo pactado para el maíz blanco o la ampliación del programa de frijol son avances que conviene reconocer—, sino evitar que el relato oficial sustituya al balance. Continuar un modelo no es lo mismo que corregirlo. Ningún gobierno construye la soberanía alimentaria en dos años, y sería injusto exigirle a este informe lo que no logró el anterior en seis o en los últimos 70 años.
Reconocer los avances puntuales no es contradictorio con pedir que el balance sea más honesto: decir también dónde bajaron los padrones, dónde la dependencia creció y a quiénes sigue faltando el reconocimiento. Ese ejercicio no debilita al gobierno; lo fortalece, porque una rendición de cuentas que admite sus pendientes es más creíble que una que solo presume.
Desde este espacio, Surcos Violetas, busco que edición con edición se siga la conversación donde pongamos al campo, la pesca y acuacultura en la misma disposición: celebrar lo que efectivamente cambia en la realidad del campo y los mares, así como acompañar, sin descalificar, la exigencia de que las mujeres y los hombres que los trabajan dejen de ser una cifra ausente y empiecen a ser una prioridad nombrada.
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